La presión sobre el territorio que ejercen los nuevos desarrollos turísticos, principalmente en las zonas costeras, ha dejado al descubierto la precaria normativa para su planificación y su impacto en el ambiente. La cantidad de proyectos y el monto de sus inversiones con permiso de construcción son de tal magnitud (superan las reservas del Banco Central), que resulta difícil controlar su impacto. Falta poco para que veamos conurbaciones en Guanacaste y en el Pacífico

Central y rapidito en Dominical, uniendo los dispersos focos urbanos de caseríos y pescadores, para transformarlos en quasi ciudades de turismo.

Una solución podría ser mediante acuerdos municipales rápidos y beneficiosos, tanto para inversionistas como para el ambiente y el país. Por ejemplo, decretar que las áreas verdes de estos desarrollos sean plantadas en un 60% de su cobertura, con especies autóctonas de árboles. Una selección cuidadosa de los mismos, aunque no reproduce la biodiversidad, al menos aporta los conocidos beneficios ambientales de las grandes áreas vegetadas. Me refiero a extensas áreas plantadas con árboles grandes y frondosos del lugar y con un sotobosque tupido y umbroso. La tierra vegetal no debe botarse porque contiene nutrientes, semillas y organismos que son el germen para regenerar las especies del lugar.
Por supuesto, donde existe bosque primario debe conservarse.
Repitiendo al presidente Arias, en su Plan de Paz con la Naturaleza, este sería un plan B, puesto que la deforestación ya se hizo y sabemos que reforestar no sustituye al bosque primario. Sin embargo sería un paliativo que tendría algunos efectos beneficiosos para la humanidad, pero directamente para el país y toda la población acostumbrada a apreciar un país verde, lustroso y ambientalmente sorprendente.

Esta normativa hay que entenderla como un remiendo al deterioro de la naturaleza, puesto que restituirla es imposible, pero al menos aportaría, sin grandes costos, resultados importantes y especialmente rápidos.

Solo para nombrar unos pocos beneficios directos: bajaría la isla de calor de las nuevas áreas construidas, reduciría las emanaciones de CO2, aportaría sombra y humedad y retendría el agua de lluvia, proveería alimento y habitat para la fauna, lograría continuidades vegetales hoy interrumpidas y los beneficios forestales del bosque para insumos. Es también una oportunidad para mitigar lo destruido.

Para alcanzar este objetivo, es cuestión de recurrir a la prodigiosa capacidad de recuperación que tiene la naturaleza costarricense para ver en pocos años como se recupera la masa vegetal y el paisaje. El país ha sido por años líder ambiental por sus parques y reservas, a pesar que cojeaba por sus ciudades, pero ahora éstas se van incorporando con sus proyectos de recuperación y de Floresta Urbana, por lo que es importante que las playas que se han de desarrollar consoliden el liderazgo bien logrado.

Si bien estos proyectos son una opción rápida para cantones que han estado alejados de las oportunidades de progreso, su impacto sobre el ambiente es muy importante. Ante este panorama beneficioso, por lo que representa en inversión, pero negativo en cuanto al ambiente, quedan pocas opciones de intervenir buscando un equilibrio, porque en 5 años habrá transformado los potreros, arrozales y colinas en áreas construidas, con el riesgo que “la gallina de los huevos de oro” sea almorzada por los que llegaron primero.

Los arquitectos conscientes del desarrollo sostenible ven una contradicción en estos proyectos, porque por un lado contribuyen con la economía nacional y por otro causan deterioro ambiental, porque intervienen, bien o mal, territorios vírgenes con grandes movimientos de tierra, terraceos, derribo de árboles, desvío de ríos y quebradas, abriendo espacio para construcciones grandes, estacionamientos, canchas de golf y tenis y así comprometiendo los ecosistemas.

Atrapados en este dilema es conveniente encontrar una solución de compromiso responsable, puesto que ni el freno de su construcción es viable ni deseable, ni la formulación de políticas ambientales reales, con las instituciones existentes, es posible a corto plazo. Ante este panorama, que tomó por sorpresa al país, hay que proponer soluciones urgentes y oportunas.