Igual que un bloqueo de carreteras, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (Setena) bloquea por decreto cualquier permiso de construcción, manteniendo a constructores e inversionistas en la incertidumbre por más tiempo del razonable. Al lento y complicado proceso de permisos de construcción, se le agregó ahora una ineludible etapa en la Setena que es requerida para cualquier tipo de obra, independiente de su tamaño. Esto ha provocado la parálisis de toda la construcción.

De ser aceptada, esta redacta un pronunciamiento que es notificado al propietario. Posteriormente, se llena una fórmula de retiro para la devolución de los documentos, a fin de seguir entonces con el trámite ante la municipalidad.
Grandes temas a un lado. Los perjuicios con estos trámites, más propios del totalitarismo, van desde la paralización de las obras, hasta la pérdida de los bonos de vivienda y bonificaciones del IMAS, por parte de los beneficiarios. Ante esta catástrofe que inmoviliza a la Setena con una avalancha de trámites menores en zonas ya construidas, los grandes temas del ambiente pasan sin la debida dedicación.
El “pedir perdón antes que pedir permiso”, como una solución popular al exceso de trámites, no se aplica ahora ya que las faltas al ambiente son motivo de causa penal.
Ya sabemos que la solución de los burócratas es la de siempre: aumentar los recursos para aumentar los trámites. Solución que no es razonable porque lo que está fallando es la Ley y sus interpretaciones jurídicas. Desde hace más de 10 años, esto se sabe, y se ha tratado de resolver, pero cada nuevo funcionario pretende tranquilizarnos con la aplicación de parches milagrosos, todos remedios hasta hoy inservibles, cuyo evidente objetivo es sobrevolar su período en funciones.

Después del decreto 31849 MINAE, SALUD, MOPT, MAG, MEIC del 28 de junio del 2004, La Gaceta N.° 125, aprobado por cinco ministros, se ha inoculado la parálisis en la actividad de la construcción. Pareciera que un elefante caminó por sus escritorios y nadie lo vio.

Improvisación y descontrol. La parálisis es la privación o la disminución del movimiento y por ende la atrofia de un órgano. Confiamos en que el país no llegue hasta ese extremo, que se revisen las competencias de la Setena, porque lo que sucede, en realidad, es que la improvisación en la tramitología ha dejado los grandes e importantes temas del ambiente descontrolados y sin la normativa adecuada y clara.
El objetivo de este comentario es lograr la protección efectiva del medio ambiente, mediante una actitud más vigilante y exigente de parte de las cámaras y colegios profesionales, así como una actuación más responsable y práctica por parte de las autoridades en el momento de redactar las leyes y decretos.

Indudablemente, el crecimiento acelerado del país no encuentra un aliado que lo estimule en esta Secretaría. Apoyamos fuertemente y aplaudimos que el Estado proteja el ambiente, pero debe hacerlo con órganos ágiles y competentes, que tengan la capacidad de definir reglas claras y comprensibles, y no como las actuales, que son ambiguas, incompletas y se prestan a interpretaciones de toda índole. “En río revuelto ganancia de pescadores”, reza el refrán.Desde un remiendo. Según datos de la Municipalidad de San José, desde la primera semana de septiembre en adelante no han podido otorgar permisos de construcción a proyectos nuevos porque, de acuerdo con el último decreto que regula a la Setena, desde el remiendo de una acera hasta un enorme centro comercial, pasando por la construcción de una tapia o la remodelación interna de un local comercial en uso deben ser aprobados por esta Secretaría.

El proceso es el siguiente: se paga en el Banco Nacional un formulario de Evaluación Ambiental Preliminar, que se retira en las oficinas de Setena en Sabanilla. Para llenarlo se deben adjuntar ocho documentos, todos legalizados, además de los planos. Una vez recibidos estos documentos por la Setena, se espera a que su Comisión Plenaria notifique el resultado, para lo cual no tiene plazo. Si el resultado es positivo, en el mejor de los casos se exige una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, protocolizada por un abogado, la cual se vuelve a presentar en la Setena para que la conozca nuevamente la atemporal Comisión Plenaria.